Tema 3: Dimensión espacial de la ley penal.
1- Principios relativos a la extensión territorial de la jurisdicción.
La Ley penal, sujeta a las coordenadas básicas a que antes se hizo referencia, dimensión temporal y espacial,
requiere una imprescindible delimitación del ámbito territorial en que se produce su vigencia.
En relación con la ley penal en el espacio, la preeminencia del lugar de comisión de los hechos a la hora de juzgarlos
no ha cedido terreno más que en supuestos muy concretos en que las naciones civilizadas se sienten concernidas
por determinadas tipicidades que a todos interesa reprimir, se hayan producido en su territorio o no.
Pese a la preminencia de la territorialidad como límite al ejercicio de la jurisdicción, existen sobre la extensión de la
misma cuatro principios aceptados por las más civilizadas naciones.
• Principio de territorialidad: Este principio, como anticipé, atribuye la competencia jurisdiccional y magistrados
del lugar donde el hecho se cometió, por una razón esencialmente práctica. El lugar donde mejor se puede
investigar un hecho es el lugar donde tal hecho se cometió, al encontrase en el mismo las evidencias físicas y
personales. Por tales razones es el principio más extendido.
• Principio de personalidad: Se trata de un principio sobre el que se cierne una permanente sospecha dado que
resulta ser el preferido por regímenes totalitarios en que los derechos humanos suelen ser violados
sistémicamente.
Pretender que un ciudadano que abandona su país por desavenencias esenciales con su forma de gobierno o
instituciones se vea perseguido por la ley de la que voluntariamente huyó nos ha de parecer monstruoso. Bastará
apelar a la condena casi unánime de la homosexualidad en los países de tradición islámica. Este principio ha de ser
contemplado de forma muy restrictiva dado el uso perverso que del mismo han hecho y aún hacen regímenes
políticos.
• Principio real, objetivo o de protección: el catálogo cerrado de delitos perseguibles con arreglo al mismo los
identifica como hechos que amenazan de forma directa, relevante y grave a la propia supervivencia y funciones
del Estado contra el que se perpetran. Es fácil entender que quien atenta contra la institución que representa la
soberanía popular no solo atenta contra una persona concreta sino que ofende a una nación y desestabiliza la
vigencia y el funcionamiento de sus instituciones. Se trata de un catálogo cerrado de delitos que incluye la
traición, delitos contra la paz o la independencia del Estado, atentados e intentos de magnicidio, la rebelión y la
sedición como formas de atentar directamente contra el Estado español. Y un nivel inferior en cuanto a sus
posibles consecuencias, pero también significativo, se extiende la jurisdicción española hasta la investigación y
procesamiento de quienes falsifiquen documentos que comprometan al Estado español, o falsifiquen nuestra
moneda.
• Principio de justicia universal: es el más reciente y se fundamenta en la persecución y represión de un catálogo
cerrado de tipicidades que no solo ofenden al sentimiento de justicia de una determinada nación, sino que
ofenden igualmente al sentimiento de civilización de los pueblos que presumen de haber alcanzado tal
condición. Por ejemplo: la piratería, actividades de tráfico de armas o de estupefacientes, etc.
Se trata de delitos que se han perpetrado, y siguen perpetrando, estando la ciudadanía plenamente informada e
ilustrada sobre sus consecuencias y la atrocidad.
Esta represión internacional de conductas por un lado permite la atenuación de los efectos de dicha delincuencia a
través de una lucha coordinada que ha demostrado su eficacia en la vigilancia militar de las costas africanas donde
persistía la piratería naval y, en lo que respecta a la ablación, la extensión generalizada de la condena por supuestos
de mutilación de menores propiciará, en un futuro, erradicar tal conducta del catálogo de costumbres de la especie
humana.
1- Principios relativos a la extensión territorial de la jurisdicción.
La Ley penal, sujeta a las coordenadas básicas a que antes se hizo referencia, dimensión temporal y espacial,
requiere una imprescindible delimitación del ámbito territorial en que se produce su vigencia.
En relación con la ley penal en el espacio, la preeminencia del lugar de comisión de los hechos a la hora de juzgarlos
no ha cedido terreno más que en supuestos muy concretos en que las naciones civilizadas se sienten concernidas
por determinadas tipicidades que a todos interesa reprimir, se hayan producido en su territorio o no.
Pese a la preminencia de la territorialidad como límite al ejercicio de la jurisdicción, existen sobre la extensión de la
misma cuatro principios aceptados por las más civilizadas naciones.
• Principio de territorialidad: Este principio, como anticipé, atribuye la competencia jurisdiccional y magistrados
del lugar donde el hecho se cometió, por una razón esencialmente práctica. El lugar donde mejor se puede
investigar un hecho es el lugar donde tal hecho se cometió, al encontrase en el mismo las evidencias físicas y
personales. Por tales razones es el principio más extendido.
• Principio de personalidad: Se trata de un principio sobre el que se cierne una permanente sospecha dado que
resulta ser el preferido por regímenes totalitarios en que los derechos humanos suelen ser violados
sistémicamente.
Pretender que un ciudadano que abandona su país por desavenencias esenciales con su forma de gobierno o
instituciones se vea perseguido por la ley de la que voluntariamente huyó nos ha de parecer monstruoso. Bastará
apelar a la condena casi unánime de la homosexualidad en los países de tradición islámica. Este principio ha de ser
contemplado de forma muy restrictiva dado el uso perverso que del mismo han hecho y aún hacen regímenes
políticos.
• Principio real, objetivo o de protección: el catálogo cerrado de delitos perseguibles con arreglo al mismo los
identifica como hechos que amenazan de forma directa, relevante y grave a la propia supervivencia y funciones
del Estado contra el que se perpetran. Es fácil entender que quien atenta contra la institución que representa la
soberanía popular no solo atenta contra una persona concreta sino que ofende a una nación y desestabiliza la
vigencia y el funcionamiento de sus instituciones. Se trata de un catálogo cerrado de delitos que incluye la
traición, delitos contra la paz o la independencia del Estado, atentados e intentos de magnicidio, la rebelión y la
sedición como formas de atentar directamente contra el Estado español. Y un nivel inferior en cuanto a sus
posibles consecuencias, pero también significativo, se extiende la jurisdicción española hasta la investigación y
procesamiento de quienes falsifiquen documentos que comprometan al Estado español, o falsifiquen nuestra
moneda.
• Principio de justicia universal: es el más reciente y se fundamenta en la persecución y represión de un catálogo
cerrado de tipicidades que no solo ofenden al sentimiento de justicia de una determinada nación, sino que
ofenden igualmente al sentimiento de civilización de los pueblos que presumen de haber alcanzado tal
condición. Por ejemplo: la piratería, actividades de tráfico de armas o de estupefacientes, etc.
Se trata de delitos que se han perpetrado, y siguen perpetrando, estando la ciudadanía plenamente informada e
ilustrada sobre sus consecuencias y la atrocidad.
Esta represión internacional de conductas por un lado permite la atenuación de los efectos de dicha delincuencia a
través de una lucha coordinada que ha demostrado su eficacia en la vigilancia militar de las costas africanas donde
persistía la piratería naval y, en lo que respecta a la ablación, la extensión generalizada de la condena por supuestos
de mutilación de menores propiciará, en un futuro, erradicar tal conducta del catálogo de costumbres de la especie
humana.
