Facultad de Derecho y Ciencias Juridicas
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
EXISTE EL DERECHO
NATURAL
DERECHO NATURAL
DERECHO PENAL
, Facultad de Derecho y Ciencias Juridicas
EXISTE EL DERECHO NATURAL
II. ¿Existe el derecho penal indígena?
.1. Existen sistemas punitivos indígenas
En el planteamiento metodológico anteriormente expuesto, el primer paso pretendía
buscar un modelo de referencia. Por tanto, la primera cuestión que me formulé
cuando inicié esta línea de investigación era atinente a la misma existencia de
un sistema normativo de resolución de conflictos, autónomo e independiente del
sistema oficial, en el seno de los poblados originarios de Latinoamérica. Dicho
con otras palabras, me preguntaba por la vigencia del derecho penal indígena. Y
la respuesta fue positiva, pero con relevantes matizaciones.
En efecto, con esta afirmación, digo que, dentro de una gran variedad de pueblos
originarios de lo que hoy denominamos Latinoamérica —no en todos—,
encontramos un conjunto normativo que reprueba y considera como muy graves
una serie de comportamientos humanos similares a los que, en el derecho occidental,
se denominan «delitos». Me refiero, de igual forma, a que ese conjunto normativo
asocia a esos comportamientos antisociales determinadas consecuencias que,
normalmente, denominamos «sanciones» o «penas». Cuando hablo de la existencia
del derecho penal indígena, también quiero significar que hay un proceso
formal para determinar la culpabilidad o inocencia del implicado o implicados y
para establecer, si se demuestra la respectiva autoría, la sanción correspondiente.
Defiendo la tesis que afirma que son unas autoridades nativas, y no los jueces
estatales de carrera, las encargadas de enjuiciar a los sospechosos. Dichas autoridades
ejercen una jurisdicción propia dentro del ámbito territorial de la comunidad.
Sus integrantes tienen reconocida esa potestad de dirimir conflictos y sus
decisiones suelen ser acatadas por todos.
Ese conjunto normativo, salvo raras excepciones, no está escrito. Las reglas de
derecho proceden de la costumbre, de la tradición. De ahí que una característica
muy acusada del derecho indígena, frente al derecho occidental, sobre todo en el
marco de la materia penal, es que, mientras que en los sistemas continentales (sistemas
oficiales de Sudamérica, Centroamérica o Europa continental), la principal
fuente de creación de delitos y de penas es la ley como instrumento normativo
escrito procedente de la asamblea nacional, en los pueblos originarios de Latinoamérica,
las reglas jurídicas de solución de esta clase de conflictos proceden del
derecho consuetudinario. Esta característica se ha querido utilizar políticamente
para hablar de un sistema de justicia de los pueblos indígenas de clase inferior o
de segunda categoría frente al estatal. Sin embargo, no hay derechos de primera
(normas escritas) y derechos de segunda (consuetudinario). Como tendremos
oportunidad de ver más adelante, tan solo significa que la fuente de creación de
, Facultad de Derecho y Ciencias Juridicas
normas penales es distinta: en un caso, es la ley; en otro, la costumbre.
Y este conjunto de instituciones (delitos, penas, reglas jurídicas consuetudinarias,
procedimiento, autoridades, etcétera) integran un sistema. Con ello, se
quiere señalar que existe una coherencia reglada de las distintas instituciones que
obedecen a una lógica conocida por todos. La reacción social ante los delitos más
graves no responde, por tanto, a la arbitrariedad o a la venganza de la víctima,
sino que se deriva de una ordenación institucional prevista para resolver, racionalmente,
estableciendo soluciones similares a casos similares, los conflictos más
graves de convivencia. Afirmo, en definitiva, que los mecanismos de solución de
conflictos en el seno de las poblaciones autóctonas son, en parte, jurídicos, esto
es: obligatorios, dependientes de un tercero, previsibles, racionales, etcétera. Si
existe derecho penal indígena, existe, en primer lugar, derecho, lo cual significa
que hay convivencia pacífica, también posiblemente conflictiva, pero reglada, y
ello se opone a la imagen que tenemos los occidentales de que los indígenas se
someten ciegamente a un poder tradicional regido por una total arbitrariedad.
La existencia de este ordenamiento jurídico autóctono se justifica por varias
razones, las que paso seguidamente a apuntar con toda la brevedad que soy capaz
de manifestar.
Conforme el Estado va abandonando a su suerte a los pueblos originarios que
lo integran, a través de procesos de discriminación, de explotación o de olvido,
se va fomentando, de forma natural, espontánea o forzada, un marco de actuación
colectiva que incrementa la solidaridad y autonomía del grupo. He tenido la oportunidad
de observar la apenas apreciable presencia de los poderes públicos en los
territorios de comunidades andinas de Ecuador, o en el altiplano boliviano, o en la
selva amazónica, o en los valles de Cabagra (entre Costa Rica y Panamá), o en el
archipiélago de Kuna-Yala (en Panamá), por poner solo algunos ejemplos. En estos
casos, los servicios públicos más elementales, como la canalización del agua
potable, la creación y acondicionamiento de centros de salud y de educación, o la
construcción de una piragua común, dependen, en exclusiva, del trabajo comunitario
que, solidariamente, prestan los comuneros (mediante las denominadas
mingas) o se lleva a cabo con la colaboración de organizaciones solidarias no
gubernamentales
(ONG). Ese esfuerzo colectivo no solo se circunscribe a las actividades
necesarias para estructurar y ordenar la existencia común, sino que también
trasciende a otros ámbitos como la recuperación de la lengua, de las tradiciones
y de la cultura. Cuanto mayor es el aislamiento de la aldea y el alejamiento del
Estado, mayor profundización suele llevarse a cabo en relación con la autonomía
de la convivencia social del grupo respecto del poder público. Y viceversa, cuanto
más cercana es la presencia de ese poder público y la forma de vida propiamente
occidental que acarrea consigo, lo que equivocadamente se ha denominado «civilización
», más posibilidades existen de que la cultura, la tradición, la cosmovisión
y el modo de existencia del respectivo poblado vayan abandonando sus estructuras
primigenias. Y, por supuesto, ese grado de «contaminación» que aporta
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EXISTE EL DERECHO
NATURAL
DERECHO NATURAL
DERECHO PENAL
, Facultad de Derecho y Ciencias Juridicas
EXISTE EL DERECHO NATURAL
II. ¿Existe el derecho penal indígena?
.1. Existen sistemas punitivos indígenas
En el planteamiento metodológico anteriormente expuesto, el primer paso pretendía
buscar un modelo de referencia. Por tanto, la primera cuestión que me formulé
cuando inicié esta línea de investigación era atinente a la misma existencia de
un sistema normativo de resolución de conflictos, autónomo e independiente del
sistema oficial, en el seno de los poblados originarios de Latinoamérica. Dicho
con otras palabras, me preguntaba por la vigencia del derecho penal indígena. Y
la respuesta fue positiva, pero con relevantes matizaciones.
En efecto, con esta afirmación, digo que, dentro de una gran variedad de pueblos
originarios de lo que hoy denominamos Latinoamérica —no en todos—,
encontramos un conjunto normativo que reprueba y considera como muy graves
una serie de comportamientos humanos similares a los que, en el derecho occidental,
se denominan «delitos». Me refiero, de igual forma, a que ese conjunto normativo
asocia a esos comportamientos antisociales determinadas consecuencias que,
normalmente, denominamos «sanciones» o «penas». Cuando hablo de la existencia
del derecho penal indígena, también quiero significar que hay un proceso
formal para determinar la culpabilidad o inocencia del implicado o implicados y
para establecer, si se demuestra la respectiva autoría, la sanción correspondiente.
Defiendo la tesis que afirma que son unas autoridades nativas, y no los jueces
estatales de carrera, las encargadas de enjuiciar a los sospechosos. Dichas autoridades
ejercen una jurisdicción propia dentro del ámbito territorial de la comunidad.
Sus integrantes tienen reconocida esa potestad de dirimir conflictos y sus
decisiones suelen ser acatadas por todos.
Ese conjunto normativo, salvo raras excepciones, no está escrito. Las reglas de
derecho proceden de la costumbre, de la tradición. De ahí que una característica
muy acusada del derecho indígena, frente al derecho occidental, sobre todo en el
marco de la materia penal, es que, mientras que en los sistemas continentales (sistemas
oficiales de Sudamérica, Centroamérica o Europa continental), la principal
fuente de creación de delitos y de penas es la ley como instrumento normativo
escrito procedente de la asamblea nacional, en los pueblos originarios de Latinoamérica,
las reglas jurídicas de solución de esta clase de conflictos proceden del
derecho consuetudinario. Esta característica se ha querido utilizar políticamente
para hablar de un sistema de justicia de los pueblos indígenas de clase inferior o
de segunda categoría frente al estatal. Sin embargo, no hay derechos de primera
(normas escritas) y derechos de segunda (consuetudinario). Como tendremos
oportunidad de ver más adelante, tan solo significa que la fuente de creación de
, Facultad de Derecho y Ciencias Juridicas
normas penales es distinta: en un caso, es la ley; en otro, la costumbre.
Y este conjunto de instituciones (delitos, penas, reglas jurídicas consuetudinarias,
procedimiento, autoridades, etcétera) integran un sistema. Con ello, se
quiere señalar que existe una coherencia reglada de las distintas instituciones que
obedecen a una lógica conocida por todos. La reacción social ante los delitos más
graves no responde, por tanto, a la arbitrariedad o a la venganza de la víctima,
sino que se deriva de una ordenación institucional prevista para resolver, racionalmente,
estableciendo soluciones similares a casos similares, los conflictos más
graves de convivencia. Afirmo, en definitiva, que los mecanismos de solución de
conflictos en el seno de las poblaciones autóctonas son, en parte, jurídicos, esto
es: obligatorios, dependientes de un tercero, previsibles, racionales, etcétera. Si
existe derecho penal indígena, existe, en primer lugar, derecho, lo cual significa
que hay convivencia pacífica, también posiblemente conflictiva, pero reglada, y
ello se opone a la imagen que tenemos los occidentales de que los indígenas se
someten ciegamente a un poder tradicional regido por una total arbitrariedad.
La existencia de este ordenamiento jurídico autóctono se justifica por varias
razones, las que paso seguidamente a apuntar con toda la brevedad que soy capaz
de manifestar.
Conforme el Estado va abandonando a su suerte a los pueblos originarios que
lo integran, a través de procesos de discriminación, de explotación o de olvido,
se va fomentando, de forma natural, espontánea o forzada, un marco de actuación
colectiva que incrementa la solidaridad y autonomía del grupo. He tenido la oportunidad
de observar la apenas apreciable presencia de los poderes públicos en los
territorios de comunidades andinas de Ecuador, o en el altiplano boliviano, o en la
selva amazónica, o en los valles de Cabagra (entre Costa Rica y Panamá), o en el
archipiélago de Kuna-Yala (en Panamá), por poner solo algunos ejemplos. En estos
casos, los servicios públicos más elementales, como la canalización del agua
potable, la creación y acondicionamiento de centros de salud y de educación, o la
construcción de una piragua común, dependen, en exclusiva, del trabajo comunitario
que, solidariamente, prestan los comuneros (mediante las denominadas
mingas) o se lleva a cabo con la colaboración de organizaciones solidarias no
gubernamentales
(ONG). Ese esfuerzo colectivo no solo se circunscribe a las actividades
necesarias para estructurar y ordenar la existencia común, sino que también
trasciende a otros ámbitos como la recuperación de la lengua, de las tradiciones
y de la cultura. Cuanto mayor es el aislamiento de la aldea y el alejamiento del
Estado, mayor profundización suele llevarse a cabo en relación con la autonomía
de la convivencia social del grupo respecto del poder público. Y viceversa, cuanto
más cercana es la presencia de ese poder público y la forma de vida propiamente
occidental que acarrea consigo, lo que equivocadamente se ha denominado «civilización
», más posibilidades existen de que la cultura, la tradición, la cosmovisión
y el modo de existencia del respectivo poblado vayan abandonando sus estructuras
primigenias. Y, por supuesto, ese grado de «contaminación» que aporta
