HISTOTIA POLITICA ARGENTINA II.
UNIDAD 8
EL PERÍODO 1983 – 1999
LA INSTAURACIÓN DEMOCRÁTICA (“Autoritarismo y Democracia (1955-1996): La transición del
Estado al Mercado en la Argentina”)
La transición de 1983 condenó al “proceso” militar y se opuso a sus políticas económicas y represivas; pero puso
gran énfasis en la construcción de un orden democrático como tarea central que se abría a partir de las
elecciones y el cambio de gobierno. El motor de este vuelco fue, sin duda, Raúl R. Alfonsín y su consecuencia
más significativa fue que la votación del 30 de Octubre de 1983 no sólo fue un plebiscito contra el gobierno
militar, sino también una elección entre dos candidatos y dos partidos.
Alfonsín articuló una doble ruptura con el pasado: El primer quiebre fue hacia dentro de la UCR, donde desplazó
al balbinismo, que controlaba el partido desde 1957, al vencerlo en elecciones internas. Una de las
características que el agrupamiento alfonsinista, “Renovación y Cambio”, produjo fue lograr transformar la
imagen pública del radicalismo al capturar decisivamente la iniciativa política, generando movilizaciones
callejeras, actos públicos y un intenso activismo de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud para penetrar
clientelas hasta entonces impermeables a las consignas de la UCR. El segundo quiebre se produjo fuera del
partido, cuando a UCR pasó a disputar al peronismo un terreno que siempre le había cedido: el campo del
pueblo. Quienes temían que el peronismo repitiera la debacle que había legitimado la irrupción militar
autoritaria, al igual que asumieron preeminencia en el peronismo figuras que reiteraban tácticas violentas y
prácticas antidemocráticas (Herminio Iglesias, Ítalo Luder).
También contribuyó la denuncia, realizada por Alfonsín, de un Pacto Militar-Sindical, ya que los militares
preferían a los peronistas porque estos se mostraban predispuestos a aceptar una legislación que bloqueara
toda posibilidad de castigo de las transgresiones a las normas constitucionales y las violaciones a los derechos
humanos que las FF. AA habían cometido. Esta denuncia simbolizó convincentemente la complicidad de los
peronistas con el poder autoritario.
La UCR utilizó como argumento central de la campaña electoral la postulación que la grave crisis económica que
afectaba al país era el resultado de las políticas ortodoxas aplicada por el gobierno de Videla. Así, el
autoritarismo, quedó estrechamente asociado a la crisis económica.
La postura de Alfonsín comportadita por la mayoría de los argentinos, era que democracia y recuperación
económica se realimentarían recíprocamente que la vigencia de la democracia constituía la garantía para que la
población tuviera, “salarios justos, pan, educación y vivienda”: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente
al 40,1% del peronismo. Asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una gran concentración
, popular en la Plaza de Mayo, pero en lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada Alfonsín habló
desde el Cabildo de Buenos Aires.
CONDENA AL PROCESO MILITAR Y LA OPOSICIÓN A SUS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y REPRESIVAS.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de
construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían
someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada,
transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los
problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le
oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos
significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de
representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se
buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de
alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo
profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio
ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de
las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar
a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las
tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las
Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por
personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide,
entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos
humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más y concurre a
entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la
Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las
juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia
condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión,
a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características
que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin
precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en
aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
EL GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN.
El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se
negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar
anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió
intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días
para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
UNIDAD 8
EL PERÍODO 1983 – 1999
LA INSTAURACIÓN DEMOCRÁTICA (“Autoritarismo y Democracia (1955-1996): La transición del
Estado al Mercado en la Argentina”)
La transición de 1983 condenó al “proceso” militar y se opuso a sus políticas económicas y represivas; pero puso
gran énfasis en la construcción de un orden democrático como tarea central que se abría a partir de las
elecciones y el cambio de gobierno. El motor de este vuelco fue, sin duda, Raúl R. Alfonsín y su consecuencia
más significativa fue que la votación del 30 de Octubre de 1983 no sólo fue un plebiscito contra el gobierno
militar, sino también una elección entre dos candidatos y dos partidos.
Alfonsín articuló una doble ruptura con el pasado: El primer quiebre fue hacia dentro de la UCR, donde desplazó
al balbinismo, que controlaba el partido desde 1957, al vencerlo en elecciones internas. Una de las
características que el agrupamiento alfonsinista, “Renovación y Cambio”, produjo fue lograr transformar la
imagen pública del radicalismo al capturar decisivamente la iniciativa política, generando movilizaciones
callejeras, actos públicos y un intenso activismo de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud para penetrar
clientelas hasta entonces impermeables a las consignas de la UCR. El segundo quiebre se produjo fuera del
partido, cuando a UCR pasó a disputar al peronismo un terreno que siempre le había cedido: el campo del
pueblo. Quienes temían que el peronismo repitiera la debacle que había legitimado la irrupción militar
autoritaria, al igual que asumieron preeminencia en el peronismo figuras que reiteraban tácticas violentas y
prácticas antidemocráticas (Herminio Iglesias, Ítalo Luder).
También contribuyó la denuncia, realizada por Alfonsín, de un Pacto Militar-Sindical, ya que los militares
preferían a los peronistas porque estos se mostraban predispuestos a aceptar una legislación que bloqueara
toda posibilidad de castigo de las transgresiones a las normas constitucionales y las violaciones a los derechos
humanos que las FF. AA habían cometido. Esta denuncia simbolizó convincentemente la complicidad de los
peronistas con el poder autoritario.
La UCR utilizó como argumento central de la campaña electoral la postulación que la grave crisis económica que
afectaba al país era el resultado de las políticas ortodoxas aplicada por el gobierno de Videla. Así, el
autoritarismo, quedó estrechamente asociado a la crisis económica.
La postura de Alfonsín comportadita por la mayoría de los argentinos, era que democracia y recuperación
económica se realimentarían recíprocamente que la vigencia de la democracia constituía la garantía para que la
población tuviera, “salarios justos, pan, educación y vivienda”: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente
al 40,1% del peronismo. Asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una gran concentración
, popular en la Plaza de Mayo, pero en lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada Alfonsín habló
desde el Cabildo de Buenos Aires.
CONDENA AL PROCESO MILITAR Y LA OPOSICIÓN A SUS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y REPRESIVAS.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de
construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían
someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada,
transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los
problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le
oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos
significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de
representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se
buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de
alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo
profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio
ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de
las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar
a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las
tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las
Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por
personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide,
entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos
humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más y concurre a
entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la
Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las
juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia
condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión,
a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características
que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin
precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en
aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
EL GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN.
El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se
negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar
anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió
intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días
para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.
