Tarea 1:
Comentario del documento:
“Desmantelamiento del
derecho a la Educación”
Profesionalización docente, ciudadanía,
familia y educación
, 1. La Educación: ¿derecho social o deber social?
La Educación se configuró inicialmente más como un deber que como un derecho. En este
sentido, Tomasevski (2004) data la educación obligatoria impuesta como deber por el
gobierno en el siglo XVIII, siendo, por tanto, posterior al derecho a la educación, pero no
mucho más antigua puesto que ya figuraba en la Constitución francesa de 1791 al propugnar,
en su título I, “la creación de un sistema público de enseñanza abierto a todos los
ciudadanos”.
Sin embargo, la Educación evolucionó hacia su actual configuración como un derecho
social incluido por gobiernos socialdemócratas, implicando un deber de prestación social por
parte de los poderes públicos. En síntesis, es una parte más del pacto social, explícito o no, al
que se llegó con el fin de desactivar el peligro revolucionario e integrar a la clase obrera en el
sistema capitalista socialdemócrata, o social-liberal, basado en la economía mixta, la
intervención estatal, un sistema fiscal progresivo y equitativo, el incremento de los gastos
sociales, el desarrollo del sector servicios y la ampliación de las clases medias.
2. ¿Se está desmantelando la Educación Pública?
Siguiendo a Viñao (2012), la Educación Pública en España se está siendo sometida a un
desmantelamiento del derecho a la educación a consecuencia de las políticas educativas
neoconservadoras, poniendo en cuestión la obligatoriedad y la igualdad estructural de los
sistemas educativos durante, al menos, el período obligatorio. A la vez que implica la
reformulación del principio de gratuidad. Un principio que deja de serlo para convertirse en
una estrategia privatizadora. Así, por un lado, se propugna la extensión de los conciertos o
subvenciones a la enseñanza privada, la implantación de los cheques o bonos escolares, o las
deducciones fiscales del coste de la matrícula en los centros privados antes o inmediatamente
después de la enseñanza obligatoria y, por ello, gratuita.
Además, las políticas educativas neoconservadoras buscan un incremento de las
matrículas en los centros públicos de los niveles educativos no obligatorios con el fin de
dificultar el acceso a los mismos, y de que se pague el coste real de la educación o, al menos,
una cifra que se acerque lo más posible al mismo, sin que por ello se incrementen las becas o
ayudas.
3. ¿En realidad existe la libre elección y libre competencia entre centros?
De acuerdo con Viñao (2012), la privatización supone la desaparición de las instituciones
educativas de titularidad pública, incluso de las de formación de profesores, la implantación
del cheque o bono escolar o de desgravaciones fiscales por el coste del puesto escolar y la
creación de un mercado educativo con, entre otros aspectos, libre elección de centro docente
y publicación de rankings de establecimientos docentes por resultados académicos.
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Comentario del documento:
“Desmantelamiento del
derecho a la Educación”
Profesionalización docente, ciudadanía,
familia y educación
, 1. La Educación: ¿derecho social o deber social?
La Educación se configuró inicialmente más como un deber que como un derecho. En este
sentido, Tomasevski (2004) data la educación obligatoria impuesta como deber por el
gobierno en el siglo XVIII, siendo, por tanto, posterior al derecho a la educación, pero no
mucho más antigua puesto que ya figuraba en la Constitución francesa de 1791 al propugnar,
en su título I, “la creación de un sistema público de enseñanza abierto a todos los
ciudadanos”.
Sin embargo, la Educación evolucionó hacia su actual configuración como un derecho
social incluido por gobiernos socialdemócratas, implicando un deber de prestación social por
parte de los poderes públicos. En síntesis, es una parte más del pacto social, explícito o no, al
que se llegó con el fin de desactivar el peligro revolucionario e integrar a la clase obrera en el
sistema capitalista socialdemócrata, o social-liberal, basado en la economía mixta, la
intervención estatal, un sistema fiscal progresivo y equitativo, el incremento de los gastos
sociales, el desarrollo del sector servicios y la ampliación de las clases medias.
2. ¿Se está desmantelando la Educación Pública?
Siguiendo a Viñao (2012), la Educación Pública en España se está siendo sometida a un
desmantelamiento del derecho a la educación a consecuencia de las políticas educativas
neoconservadoras, poniendo en cuestión la obligatoriedad y la igualdad estructural de los
sistemas educativos durante, al menos, el período obligatorio. A la vez que implica la
reformulación del principio de gratuidad. Un principio que deja de serlo para convertirse en
una estrategia privatizadora. Así, por un lado, se propugna la extensión de los conciertos o
subvenciones a la enseñanza privada, la implantación de los cheques o bonos escolares, o las
deducciones fiscales del coste de la matrícula en los centros privados antes o inmediatamente
después de la enseñanza obligatoria y, por ello, gratuita.
Además, las políticas educativas neoconservadoras buscan un incremento de las
matrículas en los centros públicos de los niveles educativos no obligatorios con el fin de
dificultar el acceso a los mismos, y de que se pague el coste real de la educación o, al menos,
una cifra que se acerque lo más posible al mismo, sin que por ello se incrementen las becas o
ayudas.
3. ¿En realidad existe la libre elección y libre competencia entre centros?
De acuerdo con Viñao (2012), la privatización supone la desaparición de las instituciones
educativas de titularidad pública, incluso de las de formación de profesores, la implantación
del cheque o bono escolar o de desgravaciones fiscales por el coste del puesto escolar y la
creación de un mercado educativo con, entre otros aspectos, libre elección de centro docente
y publicación de rankings de establecimientos docentes por resultados académicos.
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