La Argentina desde 1983: un caso de desmilitarización del sistema político de Battaglino.
La subordinación de los militares al poder político y el control civil democrático se han convertido en dos de los
pilares más sólidos de la democracia argentina contemporánea. La Argentina ha logrado desmilitarizar su sistema
político y anular el protagonismo que históricamente habían tenido los militares.
Los militares han abandonado la idea de actuar como árbitros del sistema y más aún de gobernar directamente los
destinos de la Nación. Cabe recordar que el principio de subordinación y el control civil democrático son logros
recientes.
La subordinación es una conducta militar que supone el cumplimiento de las órdenes que emanan de la autoridad
política democrática implica la ausencia de actitudes intervencionistas en las Fuerzas Armadas. El control civil
democrático excede la conducta de la subordinación y consiste en la existencia de capacidades estatales para el diseño.
El Ministerio de Defensa conducido por civiles es la institución responsable de tales funciones. Es preciso que cuente
con una estructura organizativa ministerial que permita el ejercicio efectivo del control. El principal objetivo de este
artículo es examinar las relaciones políticomilitares desde 1983 en dos de sus dimensiones principales, la de la
subordinación y la del control civil.
El triunfo de Alfonsín. Apenas instalado en el gobierno, se desplegaron un conjunto de medidas inéditas en el del
establecimiento de la subordinación y el control civil. Algunas de las políticas más relevantes estuvieron dirigidas a
lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas mediante su debilitamiento como actor político. En la Argentina de
los años ochenta, Alfonsín mantenía tres hipótesis de conflicto que presionaban para el mantenimiento de un elevado
presupuesto militar.
La exitosa distensión que resultó de tales decisiones permitió legitimar una importante reducción del presupuesto
militar y desactivar progresivamente los escenarios de conflicto con ambos países. Alfonsín substrajo a la
Gendarmería y a la Prefectura del mando directo del Ejército y de la Armada; ambas pasaron a depender del
Ministerio de Defensa. Se trata de las denominadas “fuerzas intermedias”, instituciones con capacidad para responder
a amenazas tanto en el ámbito de la seguridad interior como en el de la defensa nacional.
Se sancionó la ley de defensa nacional en 1987 que representó la derogación formal de la doctrina de la seguridad
nacional. La ley establece que la defensa del Estado está dirigida a repeler o disuadir agresiones de origen externo. Las
Fuerzas Armadas perdieron la prerrogativa legal de participar en misiones de seguridad interna. Combinado con una
drástica reducción del presupuesto y del número de efectivos, contribuyó al virtual colapso de la institución.
Se avanzó en el fortalecimiento del Ministerio de Defensa. Ello se logró gracias a la sanción de la ley de ministerios
en diciembre de 1983 que contribuyó al debilitamiento de la presencia militar en esa cartera. La combinación de
políticas tendientes desataron una oleada de revueltas militares que pusieron en jaque a la democracia.
La crisis económica y social que precedió a la llegada de Carlos Menem a la presidencia estableció un nuevo orden de
prioridades para el gobierno. Políticamente, ello se tradujo en la búsqueda de una solución definitiva a la “cuestión
militar”. Con este propósito se desarrolló una estrategia para neutralizar a los sectores más politizados del ejército que
consistió en aislar y perseguir al sector intervencionista y, por el otro, en cooptar a la cúpula militar mediante la
difusión de gestos favorables y contundentes al cierre de la revisión del pasado.
El 7 de octubre de 1989 fueron sancionados cuatro decretos que indultaron a militares que no habían sido beneficiados
por las leyes de punto final y obediencia debida. Se firmarían los decretos de indulto a los ex miembros de las juntas
militares condenados en 1985. También se retrocedió en la dimensión del control civil democrático.
A esta dinámica de interacción político-militar se la ha definido como de “subordinación con autonomía militar”. Sus
principales rasgos fueron la delegación en los militares de la administración de sus asuntos internos y la reducción
substancial del número de agencias intraministeriales como resultado de la implementación de la segunda reforma del
Estado.
1
Pol. Ext. Arg y Lat- clase 12
La subordinación de los militares al poder político y el control civil democrático se han convertido en dos de los
pilares más sólidos de la democracia argentina contemporánea. La Argentina ha logrado desmilitarizar su sistema
político y anular el protagonismo que históricamente habían tenido los militares.
Los militares han abandonado la idea de actuar como árbitros del sistema y más aún de gobernar directamente los
destinos de la Nación. Cabe recordar que el principio de subordinación y el control civil democrático son logros
recientes.
La subordinación es una conducta militar que supone el cumplimiento de las órdenes que emanan de la autoridad
política democrática implica la ausencia de actitudes intervencionistas en las Fuerzas Armadas. El control civil
democrático excede la conducta de la subordinación y consiste en la existencia de capacidades estatales para el diseño.
El Ministerio de Defensa conducido por civiles es la institución responsable de tales funciones. Es preciso que cuente
con una estructura organizativa ministerial que permita el ejercicio efectivo del control. El principal objetivo de este
artículo es examinar las relaciones políticomilitares desde 1983 en dos de sus dimensiones principales, la de la
subordinación y la del control civil.
El triunfo de Alfonsín. Apenas instalado en el gobierno, se desplegaron un conjunto de medidas inéditas en el del
establecimiento de la subordinación y el control civil. Algunas de las políticas más relevantes estuvieron dirigidas a
lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas mediante su debilitamiento como actor político. En la Argentina de
los años ochenta, Alfonsín mantenía tres hipótesis de conflicto que presionaban para el mantenimiento de un elevado
presupuesto militar.
La exitosa distensión que resultó de tales decisiones permitió legitimar una importante reducción del presupuesto
militar y desactivar progresivamente los escenarios de conflicto con ambos países. Alfonsín substrajo a la
Gendarmería y a la Prefectura del mando directo del Ejército y de la Armada; ambas pasaron a depender del
Ministerio de Defensa. Se trata de las denominadas “fuerzas intermedias”, instituciones con capacidad para responder
a amenazas tanto en el ámbito de la seguridad interior como en el de la defensa nacional.
Se sancionó la ley de defensa nacional en 1987 que representó la derogación formal de la doctrina de la seguridad
nacional. La ley establece que la defensa del Estado está dirigida a repeler o disuadir agresiones de origen externo. Las
Fuerzas Armadas perdieron la prerrogativa legal de participar en misiones de seguridad interna. Combinado con una
drástica reducción del presupuesto y del número de efectivos, contribuyó al virtual colapso de la institución.
Se avanzó en el fortalecimiento del Ministerio de Defensa. Ello se logró gracias a la sanción de la ley de ministerios
en diciembre de 1983 que contribuyó al debilitamiento de la presencia militar en esa cartera. La combinación de
políticas tendientes desataron una oleada de revueltas militares que pusieron en jaque a la democracia.
La crisis económica y social que precedió a la llegada de Carlos Menem a la presidencia estableció un nuevo orden de
prioridades para el gobierno. Políticamente, ello se tradujo en la búsqueda de una solución definitiva a la “cuestión
militar”. Con este propósito se desarrolló una estrategia para neutralizar a los sectores más politizados del ejército que
consistió en aislar y perseguir al sector intervencionista y, por el otro, en cooptar a la cúpula militar mediante la
difusión de gestos favorables y contundentes al cierre de la revisión del pasado.
El 7 de octubre de 1989 fueron sancionados cuatro decretos que indultaron a militares que no habían sido beneficiados
por las leyes de punto final y obediencia debida. Se firmarían los decretos de indulto a los ex miembros de las juntas
militares condenados en 1985. También se retrocedió en la dimensión del control civil democrático.
A esta dinámica de interacción político-militar se la ha definido como de “subordinación con autonomía militar”. Sus
principales rasgos fueron la delegación en los militares de la administración de sus asuntos internos y la reducción
substancial del número de agencias intraministeriales como resultado de la implementación de la segunda reforma del
Estado.
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Pol. Ext. Arg y Lat- clase 12
