Tema 6. La Ley como fuente del
Derecho y otras fuentes.
1. El concepto de Ley.
2. Las leyes orgánicas.
3. Leyes de armonización.
4. Leyes de las Comunidades Autónomas.
5. El Decreto Legislativo.
6. El Decreto-ley.
7. La potestad reglamentaria.
8. La jurisprudencia como fuente del Derecho.
9. La costumbre constitucional.
10. Los principios generales del Derecho.
, Tema 6. Pag 2
1.- El concepto de Ley.
La Constitución no define en ningún lugar qué es la ley, y por tanto, es, la
potestad legislativa que el artículo 66.2 CE encomienda a las Cortes Generales,
el que nos va a dar un concepto formal de la ley.
También en la Constitución encontramos en el Capítulo II del Título III
dedicado a la "Elaboración de las Leyes", algunos tipos especiales de leyes o
de actos con fuerza de ley, pero no encontramos una definición solo de la ley.
Álvarez Conde define la ley como aquella norma aprobada por las Cortes
Generales o por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
con arreglo a un procedimiento determinado y con independencia de
cualquiera que sea su contenido y estructura.
Por su parte, García de Enterría y Ramón Fernández definen la ley como acto
publicado como tal en los Boletines Oficiales del Estado y de las Comunidades
Autónomas, que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen
constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior.
, Tema 6. Pag 3
Para estos autores la Constitución española responde fielmente a esta
concepción de la ley; ya que en su Preámbulo revela de manera
explícita que la ley es la "expresión de la voluntad popular", a la vez
que articula esa expresión mediante un mecanismo de representación
política que se localiza en las Cortes Generales que "representan al
pueblo español" y que por tanto "ejercen la potestad legislativa".
También en el Preámbulo de la Constitución encontramos el deseo de
consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular.
El Estado de Derecho es el concepto que define la decisión política
fundamental que se expresa en el artículo 1 CE y que va ligado al
Preámbulo mediante la fórmula de asegurar el imperio de la ley.
, Tema 6. Pag 4
Para Sánchez Agesta en la doctrina española encontramos una característica
vacilación entre dos conceptos tradicionales de ley: el concepto orgánico o
formal, y el concepto material, que establece ciertas condiciones en su
contenido.
Desde el punto de vista del concepto formal: podremos definir la Ley como el
acto de las Cortes Generales emanado de forma típica y solemne, es decir,
siguiendo el procedimiento legislativo.
Para el profesor Pérez Royo, estos serán precisamente los elementos
determinantes para su definición: en función del órgano del que emana, es
decir, las Cortes Generales, y por el procedimiento a través del cual manifiesta
su voluntad, que está en parte regulado por la propia Constitución, y en parte
por los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.
Desde el punto de vista del concepto material: Pérez Serrano la define como
"un acto regla, una norma general e imperativa, concretada en términos
precisos y hoy escritos, encaminada a crear o modificar derecho objetivo para
realizar aspiraciones de justicia mediante el orden en la comunidad.
Derecho y otras fuentes.
1. El concepto de Ley.
2. Las leyes orgánicas.
3. Leyes de armonización.
4. Leyes de las Comunidades Autónomas.
5. El Decreto Legislativo.
6. El Decreto-ley.
7. La potestad reglamentaria.
8. La jurisprudencia como fuente del Derecho.
9. La costumbre constitucional.
10. Los principios generales del Derecho.
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1.- El concepto de Ley.
La Constitución no define en ningún lugar qué es la ley, y por tanto, es, la
potestad legislativa que el artículo 66.2 CE encomienda a las Cortes Generales,
el que nos va a dar un concepto formal de la ley.
También en la Constitución encontramos en el Capítulo II del Título III
dedicado a la "Elaboración de las Leyes", algunos tipos especiales de leyes o
de actos con fuerza de ley, pero no encontramos una definición solo de la ley.
Álvarez Conde define la ley como aquella norma aprobada por las Cortes
Generales o por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
con arreglo a un procedimiento determinado y con independencia de
cualquiera que sea su contenido y estructura.
Por su parte, García de Enterría y Ramón Fernández definen la ley como acto
publicado como tal en los Boletines Oficiales del Estado y de las Comunidades
Autónomas, que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen
constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior.
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Para estos autores la Constitución española responde fielmente a esta
concepción de la ley; ya que en su Preámbulo revela de manera
explícita que la ley es la "expresión de la voluntad popular", a la vez
que articula esa expresión mediante un mecanismo de representación
política que se localiza en las Cortes Generales que "representan al
pueblo español" y que por tanto "ejercen la potestad legislativa".
También en el Preámbulo de la Constitución encontramos el deseo de
consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular.
El Estado de Derecho es el concepto que define la decisión política
fundamental que se expresa en el artículo 1 CE y que va ligado al
Preámbulo mediante la fórmula de asegurar el imperio de la ley.
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Para Sánchez Agesta en la doctrina española encontramos una característica
vacilación entre dos conceptos tradicionales de ley: el concepto orgánico o
formal, y el concepto material, que establece ciertas condiciones en su
contenido.
Desde el punto de vista del concepto formal: podremos definir la Ley como el
acto de las Cortes Generales emanado de forma típica y solemne, es decir,
siguiendo el procedimiento legislativo.
Para el profesor Pérez Royo, estos serán precisamente los elementos
determinantes para su definición: en función del órgano del que emana, es
decir, las Cortes Generales, y por el procedimiento a través del cual manifiesta
su voluntad, que está en parte regulado por la propia Constitución, y en parte
por los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.
Desde el punto de vista del concepto material: Pérez Serrano la define como
"un acto regla, una norma general e imperativa, concretada en términos
precisos y hoy escritos, encaminada a crear o modificar derecho objetivo para
realizar aspiraciones de justicia mediante el orden en la comunidad.
