TEMA 9.1. PROCLAMACIÓN SEGUNDA REPÚBLICA
El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en un ambiente festivo y de gran
esperanza para grandes sectores de la sociedad. La proclamación supuso un cambio
político significativo y dio origen a un gobierno provisional presidido por Niceto
Alcalá-Zamora, un político que había transitado del monarquismo al republicanismo. Este
gobierno, compuesto por representantes desde republicanos de derecha como Miguel
Maura hasta líderes de la izquierda republicana como Manuel Azaña, con miembros del
PSOE y representantes regionales catalanes y gallegos, se comprometió a convocar
elecciones constituyentes para redactar una nueva Constitución, fijando el 28 de junio de
1931 como fecha para celebrar dichas elecciones.
Desde el inicio, la nueva República se enfrentó a problemas internos y tensiones derivadas
tanto de la Iglesia y la derecha monárquica, como de sectores más radicales como los
catalanistas y las clases populares. El mismo día de la proclamación en Madrid, Francesc
Macià proclamó en Barcelona la República Catalana Independiente, iniciativa que pudo
haber desencadenado reacciones militares hostiles. Sin embargo, ante el compromiso del
gobierno de buscar una solución autonómica para Cataluña, Macià cesó esta proclamación.
Además, la Iglesia, históricamente vinculada a la monarquía, se mostró hostil ante la
República. El ataque del cardenal Segura en una pastoral en la que sorprendió al rey,
desencadenó la exigencia del gobierno de su dimisión. Este conflicto se agravó con el
obispo de Vitoria y se vio acompañado de episodios de vandalismo anticlerical, que
generaron tensiones al no ser controlados de inmediato.
Las elecciones de junio de 1931 se consideraron las más democráticas de la historia de
España. Con derecho a voto para los varones mayores de 23 años, la participación alcanzó
el 70% y los resultados favorecieron a los partidos de izquierda. El PSOE obtuvo 116
diputados y el Partido Radical 90, lo que sumado a otros grupos permitió que la izquierda
lograra 279 escaños frente a 160 de la derecha.
La Constitución de 1931 reflejó el carácter democrático y progresista del nuevo régimen.
España se definió como “una república democrática y de trabajadores de toda clase que se
organiza en régimen de libertad y justicia”, incorporando la Declaración de Derechos más
amplia de su tiempo y dejando una huella del pensamiento socialista. Se establecieron
mecanismos para la nacionalización de sectores estratégicos, se creó una única cámara
legislativa elegida por sufragio universal y se reconoció el sufragio femenino. Además, se
proclamó un estado laico que respetaba la libertad de conciencia, pero que limitaba la
intervención de la Iglesia en actividades económicas y políticas. También, la Constitución
otorgó un papel importante al Estado en la educación y la cultura, y permitió que algunas
provincias se organizaran como regiones autónomas, aunque con competencias limitadas y
bajo el control central.
La constitución, sin embargo, no surgió del consenso absoluto; la derecha republicana
rechazó sus disposiciones y manifestó su intención de revisarlas en el futuro.
El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en un ambiente festivo y de gran
esperanza para grandes sectores de la sociedad. La proclamación supuso un cambio
político significativo y dio origen a un gobierno provisional presidido por Niceto
Alcalá-Zamora, un político que había transitado del monarquismo al republicanismo. Este
gobierno, compuesto por representantes desde republicanos de derecha como Miguel
Maura hasta líderes de la izquierda republicana como Manuel Azaña, con miembros del
PSOE y representantes regionales catalanes y gallegos, se comprometió a convocar
elecciones constituyentes para redactar una nueva Constitución, fijando el 28 de junio de
1931 como fecha para celebrar dichas elecciones.
Desde el inicio, la nueva República se enfrentó a problemas internos y tensiones derivadas
tanto de la Iglesia y la derecha monárquica, como de sectores más radicales como los
catalanistas y las clases populares. El mismo día de la proclamación en Madrid, Francesc
Macià proclamó en Barcelona la República Catalana Independiente, iniciativa que pudo
haber desencadenado reacciones militares hostiles. Sin embargo, ante el compromiso del
gobierno de buscar una solución autonómica para Cataluña, Macià cesó esta proclamación.
Además, la Iglesia, históricamente vinculada a la monarquía, se mostró hostil ante la
República. El ataque del cardenal Segura en una pastoral en la que sorprendió al rey,
desencadenó la exigencia del gobierno de su dimisión. Este conflicto se agravó con el
obispo de Vitoria y se vio acompañado de episodios de vandalismo anticlerical, que
generaron tensiones al no ser controlados de inmediato.
Las elecciones de junio de 1931 se consideraron las más democráticas de la historia de
España. Con derecho a voto para los varones mayores de 23 años, la participación alcanzó
el 70% y los resultados favorecieron a los partidos de izquierda. El PSOE obtuvo 116
diputados y el Partido Radical 90, lo que sumado a otros grupos permitió que la izquierda
lograra 279 escaños frente a 160 de la derecha.
La Constitución de 1931 reflejó el carácter democrático y progresista del nuevo régimen.
España se definió como “una república democrática y de trabajadores de toda clase que se
organiza en régimen de libertad y justicia”, incorporando la Declaración de Derechos más
amplia de su tiempo y dejando una huella del pensamiento socialista. Se establecieron
mecanismos para la nacionalización de sectores estratégicos, se creó una única cámara
legislativa elegida por sufragio universal y se reconoció el sufragio femenino. Además, se
proclamó un estado laico que respetaba la libertad de conciencia, pero que limitaba la
intervención de la Iglesia en actividades económicas y políticas. También, la Constitución
otorgó un papel importante al Estado en la educación y la cultura, y permitió que algunas
provincias se organizaran como regiones autónomas, aunque con competencias limitadas y
bajo el control central.
La constitución, sin embargo, no surgió del consenso absoluto; la derecha republicana
rechazó sus disposiciones y manifestó su intención de revisarlas en el futuro.
