TEMA 7.1. La evolución de la población y de las cuidades. De la sociedad estamental
a la sociedad de clases.
Durante el siglo XIX, la población española creció de forma moderada, pasando de
10,5 a 18,6 millones de habitantes. A pesar de contar con una alta tasa de natalidad
(34 por mil), el elevado índice de mortalidad (29 por mil), sumado a una esperanza de
vida que no superaba los 35 años, compensaba los nacimientos. Este lento
crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la modernización económica,
aunque se vio obstaculizado por frecuentes crisis de subsistencia, derivadas tanto de
factores coyunturales (malas cosechas por condiciones meteorológicas) como de
problemas estructurales (atraso en las técnicas agrícolas y deficiencias en el sistema
de transportes). Además, epidemias y enfermedades endémicas, como cólera, tifus,
fiebre amarilla, tuberculosis, viruela y sarampión, agravaron la situación.
En el ámbito geográfico se produjeron notables flujos migratorios internos. Se
evidenció un movimiento de población desde el norte hacia el sur y un abandono de
la meseta central, salvo Madrid, en favor de las zonas costeras, que ofrecían tierras
más fértiles y mejores comunicaciones. Así, las poblaciones levantinas y
meridionales experimentaron un crecimiento importante, mientras que el proceso de
urbanización se mantuvo limitado. La industrialización y la revolución agrícola
llegaron tarde, lo que permitió que la mayor parte de la población continuara
residiendo en áreas rurales, con pocas excepciones como Madrid y Barcelona.
Socialmente, la Revolución liberal-burguesa transformó la estructura tradicional
estamental en una sociedad de clases. El antiguo sistema, basado en estamentos
cerrados y jurídicamente definidos, dio paso a una organización en la que la
pertenencia a una clase se determinaba por la situación económica, abriendo la
posibilidad de movilidad social. La alta nobleza se adaptó al nuevo contexto,
perdiendo gradualmente sus privilegios feudales, mientras que la alta burguesía
surgió a través de la inversión en tierras desamortizadas, conformando la nueva
oligarquía dirigente. Las clases medias, integradas por pequeños comerciantes,
empresarios y profesionales, se formaron de manera heterogénea, y el campesinado
siguió siendo el grupo mayoritario, con jornaleros en el sur y pequeños propietarios
en el centro y norte. Paralelamente, el proletariado urbano fue tomando fuerza en las
zonas industrializadas, especialmente en Cataluña y el País Vasco.
a la sociedad de clases.
Durante el siglo XIX, la población española creció de forma moderada, pasando de
10,5 a 18,6 millones de habitantes. A pesar de contar con una alta tasa de natalidad
(34 por mil), el elevado índice de mortalidad (29 por mil), sumado a una esperanza de
vida que no superaba los 35 años, compensaba los nacimientos. Este lento
crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la modernización económica,
aunque se vio obstaculizado por frecuentes crisis de subsistencia, derivadas tanto de
factores coyunturales (malas cosechas por condiciones meteorológicas) como de
problemas estructurales (atraso en las técnicas agrícolas y deficiencias en el sistema
de transportes). Además, epidemias y enfermedades endémicas, como cólera, tifus,
fiebre amarilla, tuberculosis, viruela y sarampión, agravaron la situación.
En el ámbito geográfico se produjeron notables flujos migratorios internos. Se
evidenció un movimiento de población desde el norte hacia el sur y un abandono de
la meseta central, salvo Madrid, en favor de las zonas costeras, que ofrecían tierras
más fértiles y mejores comunicaciones. Así, las poblaciones levantinas y
meridionales experimentaron un crecimiento importante, mientras que el proceso de
urbanización se mantuvo limitado. La industrialización y la revolución agrícola
llegaron tarde, lo que permitió que la mayor parte de la población continuara
residiendo en áreas rurales, con pocas excepciones como Madrid y Barcelona.
Socialmente, la Revolución liberal-burguesa transformó la estructura tradicional
estamental en una sociedad de clases. El antiguo sistema, basado en estamentos
cerrados y jurídicamente definidos, dio paso a una organización en la que la
pertenencia a una clase se determinaba por la situación económica, abriendo la
posibilidad de movilidad social. La alta nobleza se adaptó al nuevo contexto,
perdiendo gradualmente sus privilegios feudales, mientras que la alta burguesía
surgió a través de la inversión en tierras desamortizadas, conformando la nueva
oligarquía dirigente. Las clases medias, integradas por pequeños comerciantes,
empresarios y profesionales, se formaron de manera heterogénea, y el campesinado
siguió siendo el grupo mayoritario, con jornaleros en el sur y pequeños propietarios
en el centro y norte. Paralelamente, el proletariado urbano fue tomando fuerza en las
zonas industrializadas, especialmente en Cataluña y el País Vasco.
