TEMA 2: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL
La construcción del Estado liberal en España fue un proceso complejo y conflictivo que comenzó tras la
muerte de Fernando VII en 1833 y culminó con la Revolución Gloriosa de 1868, que derrocó a Isabel II. Durante
este período, la sociedad española vivió un proceso convulso caracterizado por conflictos armados, divisiones
políticas y reformas profundas impulsadas por los ideales liberales.
A la muerte de Fernando VII, su hija Isabel fue proclamada reina siendo aún una niña, lo que obligó a
su madre, María Cristina, a asumir la regencia (1833-1840). La sucesión de Isabel fue cuestionada por el
hermano del fallecido rey, Carlos María Isidro, que se proclamó legítimo heredero. Esto originó la Primera
Guerra Carlista (1833-1839), un conflicto entre los liberales, partidarios de Isabel II, y los carlistas, defensores de
una monarquía absolutista. El carlismo se oponía a los valores del liberalismo y defendía el restablecimiento de
un orden tradicional basado en el absolutismo, la religión católica y el respeto a los fueros regionales.
Socialmente, el carlismo encontró apoyo en el clero y el campesinado de regiones como el País Vasco, Navarra,
Aragón, Cataluña y el Maestrazgo, que temían que las reformas liberales afectaran sus condiciones de vida. La
guerra terminó en 1839 con el Convenio de Vergara, firmado por Espartero y Maroto, que permitió a las tropas
carlistas integrarse en el ejército de Isabel, consolidando así la victoria liberal y asegurando la continuidad de
Isabel en el trono.
En este contexto, se formaron dos grandes corrientes políticas: el Partido Moderado y el Partido
Progresista. El Partido Moderado defendía una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, otorgando
amplios poderes a la monarquía y limitando los derechos individuales. Este partido contaba con el apoyo de
grandes terratenientes, la alta burguesía y la clase media alta, y su principal líder fue el general Narváez. Por su
parte, el Partido Progresista promovía la soberanía nacional representada en las Cortes, limitando el poder del
Rey y garantizando amplios derechos individuales. Su base de apoyo estaba en la pequeña y mediana
burguesía, así como en las clases medias, y su líder más destacado fue el general Espartero. Los progresistas
representaban la continuidad de los exaltados, con una visión reformista que buscaba mayor participación
ciudadana en el gobierno.
Durante la regencia de María Cristina, se establecieron las bases del sistema político liberal mediante
una primera etapa de organización constitucional y creación de partidos políticos. En 1834, el Estatuto Real fue
otorgado por María Cristina como un compromiso que intentaba moderar las aspiraciones de cambio. El Estatuto
Real no era una constitución en el sentido moderno, sino una carta otorgada que establecía un sistema de
representación bicameral en el que el poder real era preponderante. El Estatuto dividía las Cortes en dos
cámaras: el Estamento de Próceres, cuyos miembros eran designados, y el Estamento de Procuradores, cuyos
miembros eran elegidos, aunque su poder estaba subordinado a la Corona. Esta estructura conservadora no
logró satisfacer a los liberales más radicales, que aspiraban a una verdadera constitución.
Posteriormente, en 1837, tras el pronunciamiento de los Sargentos de La Granja, se convocaron Cortes
Constituyentes y se redactó la Constitución de 1837, que buscó consolidar el liberalismo y equilibrar los
intereses de moderados y progresistas. La Constitución de 1837 era un texto fundamental para establecer una
monarquía constitucional que limitara el poder del rey, y reflejaba principios de soberanía nacional. La
monarquía se mantenía como parte esencial del sistema, pero el rey veía reducido su poder en favor de las
Cortes. Las Cortes tenían una estructura bicameral compuesta por un Congreso de Diputados, cuyos miembros
eran elegidos mediante sufragio censitario (aunque con restricciones que limitaban el voto a una minoría de la
población), y un Senado cuyos miembros eran designados. Se estableció la división de poderes para asegurar
una justicia independiente del poder real, y la Constitución proclamaba también amplios derechos individuales y
civiles. La Constitución de 1837 fue un paso importante en el intento de consolidar el régimen liberal en España,
aunque su implementación no estuvo exenta de conflictos internos entre los liberales moderados y los
progresistas.
La consolidación del liberalismo también trajo consigo una liberalización de la propiedad de la tierra. En
1836 se abolió el mayorazgo, lo que permitió que las propiedades familiares pudieran dividirse y venderse.
También se abolió el régimen señorial en 1837, eliminando los derechos feudales de los señores. En este
contexto se inició el proceso desamortizador, con la Desamortización de Mendizábal en 1836, que expropió
bienes de la Iglesia y los vendió en subasta pública. El objetivo de esta desamortización era reducir la deuda
pública, financiar la guerra y limitar el poder eclesiástico. Aunque favoreció principalmente a grandes propietarios
y burgueses, dejó al campesinado sin acceso a estas tierras y generó tensiones sociales.
La construcción del Estado liberal en España fue un proceso complejo y conflictivo que comenzó tras la
muerte de Fernando VII en 1833 y culminó con la Revolución Gloriosa de 1868, que derrocó a Isabel II. Durante
este período, la sociedad española vivió un proceso convulso caracterizado por conflictos armados, divisiones
políticas y reformas profundas impulsadas por los ideales liberales.
A la muerte de Fernando VII, su hija Isabel fue proclamada reina siendo aún una niña, lo que obligó a
su madre, María Cristina, a asumir la regencia (1833-1840). La sucesión de Isabel fue cuestionada por el
hermano del fallecido rey, Carlos María Isidro, que se proclamó legítimo heredero. Esto originó la Primera
Guerra Carlista (1833-1839), un conflicto entre los liberales, partidarios de Isabel II, y los carlistas, defensores de
una monarquía absolutista. El carlismo se oponía a los valores del liberalismo y defendía el restablecimiento de
un orden tradicional basado en el absolutismo, la religión católica y el respeto a los fueros regionales.
Socialmente, el carlismo encontró apoyo en el clero y el campesinado de regiones como el País Vasco, Navarra,
Aragón, Cataluña y el Maestrazgo, que temían que las reformas liberales afectaran sus condiciones de vida. La
guerra terminó en 1839 con el Convenio de Vergara, firmado por Espartero y Maroto, que permitió a las tropas
carlistas integrarse en el ejército de Isabel, consolidando así la victoria liberal y asegurando la continuidad de
Isabel en el trono.
En este contexto, se formaron dos grandes corrientes políticas: el Partido Moderado y el Partido
Progresista. El Partido Moderado defendía una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, otorgando
amplios poderes a la monarquía y limitando los derechos individuales. Este partido contaba con el apoyo de
grandes terratenientes, la alta burguesía y la clase media alta, y su principal líder fue el general Narváez. Por su
parte, el Partido Progresista promovía la soberanía nacional representada en las Cortes, limitando el poder del
Rey y garantizando amplios derechos individuales. Su base de apoyo estaba en la pequeña y mediana
burguesía, así como en las clases medias, y su líder más destacado fue el general Espartero. Los progresistas
representaban la continuidad de los exaltados, con una visión reformista que buscaba mayor participación
ciudadana en el gobierno.
Durante la regencia de María Cristina, se establecieron las bases del sistema político liberal mediante
una primera etapa de organización constitucional y creación de partidos políticos. En 1834, el Estatuto Real fue
otorgado por María Cristina como un compromiso que intentaba moderar las aspiraciones de cambio. El Estatuto
Real no era una constitución en el sentido moderno, sino una carta otorgada que establecía un sistema de
representación bicameral en el que el poder real era preponderante. El Estatuto dividía las Cortes en dos
cámaras: el Estamento de Próceres, cuyos miembros eran designados, y el Estamento de Procuradores, cuyos
miembros eran elegidos, aunque su poder estaba subordinado a la Corona. Esta estructura conservadora no
logró satisfacer a los liberales más radicales, que aspiraban a una verdadera constitución.
Posteriormente, en 1837, tras el pronunciamiento de los Sargentos de La Granja, se convocaron Cortes
Constituyentes y se redactó la Constitución de 1837, que buscó consolidar el liberalismo y equilibrar los
intereses de moderados y progresistas. La Constitución de 1837 era un texto fundamental para establecer una
monarquía constitucional que limitara el poder del rey, y reflejaba principios de soberanía nacional. La
monarquía se mantenía como parte esencial del sistema, pero el rey veía reducido su poder en favor de las
Cortes. Las Cortes tenían una estructura bicameral compuesta por un Congreso de Diputados, cuyos miembros
eran elegidos mediante sufragio censitario (aunque con restricciones que limitaban el voto a una minoría de la
población), y un Senado cuyos miembros eran designados. Se estableció la división de poderes para asegurar
una justicia independiente del poder real, y la Constitución proclamaba también amplios derechos individuales y
civiles. La Constitución de 1837 fue un paso importante en el intento de consolidar el régimen liberal en España,
aunque su implementación no estuvo exenta de conflictos internos entre los liberales moderados y los
progresistas.
La consolidación del liberalismo también trajo consigo una liberalización de la propiedad de la tierra. En
1836 se abolió el mayorazgo, lo que permitió que las propiedades familiares pudieran dividirse y venderse.
También se abolió el régimen señorial en 1837, eliminando los derechos feudales de los señores. En este
contexto se inició el proceso desamortizador, con la Desamortización de Mendizábal en 1836, que expropió
bienes de la Iglesia y los vendió en subasta pública. El objetivo de esta desamortización era reducir la deuda
pública, financiar la guerra y limitar el poder eclesiástico. Aunque favoreció principalmente a grandes propietarios
y burgueses, dejó al campesinado sin acceso a estas tierras y generó tensiones sociales.
